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ASESORIA JURIDICA
Franquicia en el transporte público de pasajeros
Un fallo de la Corte Suprema declaró la nulidad de una franquicia de 300 mil dólares, en un juicio contra una concesionaria ferroviaria. El abogado Domingo López Saavedra comentó el fallo en Pool Económico.
8 de diciembre de 2009
El abogado Domingo López Saavedra, columnista en temas jurídicos de Pool Económico, habló en esta emisión del nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la oponibilidad o no de la franquicia en el transporte público de pasajeros.
“El fallo de la Corte es del 23 de octubre pasado. El juicio es de Ortega contra una de las concesionarias ferroviarias. La póliza de Responsabilidad Civil tomada por la empresa ferroviaria tenía una franquicia deducible de 300 mil dólares”, describió el abogado.
Dijo que ya en Primera Instancia o en la Cámara de Apelaciones habían cuestionado la validez de dicha franquicia. “La Corte Suprema, en este caso, declaró la nulidad de la franquicia de 300 mil dólares, por distintas argumentaciones. Incluso reformuló el contrato de seguros porque no fue que hizo desparecer la franquicia y listo, sino que estableció una nueva (la que estaba fijada para otros riegos de la misma póliza) del 10%”, explicó López Saavedra.
Eso indica que la Corte no objeta la franquicia en sí, sino el monto de la misma.
“Lo que pasa es que este fallo se da de patadas con el fallo anterior de Nicolasa del Valle, en el que la Corte -con un voto muy fundado del Dr. Lorenzetti- declaró que la franquicia deducible en el transporte público de pasajeros de 40 mil pesos era oponible al tercero”, recordó señalando la contradicción.
La fiscal del caso dijo que la franquicia irrazonablemente alta, que deja sin cobertura a la casi totalidad de las víctimas en caso de siniestros, convierte en un mero formalismo la emisión de la póliza. El abogado acotó: “Eso es un desconocimiento de la técnica aseguradora. Por un lado, la franquicia de 300 mil dólares la elige el asegurado para pagar menos prima. Poro otro lado, es la autoridad de aplicación y control de los servicios ferroviarios en las concesiones la que debía procurar que el seguro que exigían los contratos de concesión contuvieran lo necesario. Este órgano es el que debió decir, antes de que se firme el contrato de seguros, cuál franquicia se puede tomar y cuál no”.
Ley General del Ambiente:
López Saavedra, por otro lado, está avanzando en la propuesta de la reformulación del artículo 22 de la Ley General del Ambiente, a pedido del Gobierno de la Ciudad.
El art. 22 establece que quienes realicen una actividad riesgosa para el ambiente deben contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar la recomposición del daño ambiental.
“Esto implica que no existen límites para estos tipos de seguros. Es por eso que, desde un punto de vista estrictamente técnico, y sobre todo para daños que pueden ser catastróficos como los ambientales, no hay coberturas disponibles”, dijo el abogado. Y recordó: “Todas las convenciones internacionales, incluso aquellas de las que la Argentina es miembro, establecen obligación de asegurar, pero también limitación de la responsabilidad. Si no, es inasegurable”.
El proyecto que López Saavedra preparó está inspirado en la ley española de 2007, que es muy parecida a la argentina, y que establece la obligación de tomar un seguro, una Caución o un autoseguro garantizado con Títulos Públicos. El límite de la garantía es, para España, de 20 millones de euros con una franquicia deducible del 0,50%. Pero esto recién se va a hacer exigible a partir de abril de 2010, para permitirle a los mercados adecuarse a esta nueva normativa. La propuesta mía no tiene cantidades, pero habla de limitaciones”, remató el abogado.