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SEGURO AMBIENTAL: AVANZA LA REGLAMENTACION DE LA LEY
Martín Argañaraz Luque, socio del Estudio Allende & Brea, advirtió que "el temor del mercado asegurador es que esta resolución sea dejada de lado (como ocurrió con claims made y con franquicia de transporte público de pasajeros), y que una aseguradora tenga una exposición mucho mayor de la que aseguró". Dijo: "Hay temor de que, sin perjuicio de que se ponga este límite de responsabilidad mínima, un juez pueda objetarlo".
1 de enero de 2007

El artículo 22 de la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002, obliga a las empresas que realicen actividades riesgosas para el ecosistema contar con una cobertura de seguros. Sin embargo, hasta el momento ninguna póliza cubre los requisitos planteados por la ley. Los aseguradores dicen que no pueden dar cobertura por la amplitud de la norma (responsabilidad objetiva sin límites) y vienen reclamando su reglamentación.

En marzo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió tres resoluciones que avanzan en ese sentido.

Para hablar del tema, Pool Económico convocó a la abogada Rossana Flavia Bril, especialista en seguros y reaseguros, titular del Estudio Bril Abogados, directora de la Consultora Kudell Co. Group y asesora de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la redacción de las recientes resoluciones, y a Martín Argañaraz Luque, socio del Estudio Allende & Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbitraje.

"No se reglamentó del todo el artículo 22 -comenzó Bril-. Se estableció la necesidad de la creación de una Unidad a Riesgo (que es lo que establece la 177) porque, para asegurar un riesgo como el ambiental, se necesita primero un análisis profundo del riesgo que es distinto a cualquier análisis de riesgo que realizan las compañías para otro tipo de cobertura", diferenció la abogada.

Según Bril, La Unidad a Riesgo va a funcionar dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: "Se va a designar un coordinador y éste va a formar parte de un equipo interdisciplinario entre abogados, actuarios, economistas e ingenieros que, de acuerdo al tipo de actividad e industria, va a analizar el riesgo para establecer metodologías de monitoreo y pautas mínimas que puedan dar lugar a la exigencia de determinados tipos de seguros. Con esto se avanza sobre un aspecto que no se había tenido en cuenta antes", puntualizó.

Por su parte, Argañaraz Luque dijo que hay una preocupación por cómo está avanzando esta cuestión, no solamente del sector empresario (empresas que ponen en riesgo el ecosistema) sino también del mercado asegurador: "Creo que es loable que se intente darle vida al seguro que establece el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, pero con esta cuasi reglamentación que salió, ya se plantean interrogantes sobre la viabilidad de todo esto. El mercado asegurador no se siente con las garantías suficientes como para emitir un producto que pueda colmar las expectativas de la ley", advirtió.

La pregunta concreta es si con esta reglamentación se están fijando estos límites que reclamaba el mercado de seguros. Bril dijo que "la resolución no habla de límites de responsabilidad (porque eso es modificable por una ley)" sino que "establece que se va a trabajar sobre los montos mínimos de acuerdo a la intensidad del riesgo de cada empresa". Según Argañaraz Luque, esto no alcanza para que las aseguradoras se interesen en ofrecer la cobertura en cuestión: "Es muy posible que no la ofrezcan porque es una resolución que, en la opinión generalizada del mercado, va en contra de lo que, por un lado, establece el artículo 22 de la Ley General del Ambiente (contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente como para recomponer el daño que su tipo pudiera causar) y, por otro, de lo que establece el articulo 41 de la Constitución Nacional (que obliga a recomponer el daño causado). Es todo muy amplio. El temor del mercado asegurador es que esta resolución sea dejada de lado, como ocurrió en los temas claims made o en la franquicia de transporte público de pasajeros, y que una aseguradora tenga una exposición mucho mayor de la que aseguró. El temor es que, sin perjuicio de que se ponga este límite de responsabilidad mínima, un juez pueda objetarlo", señaló el abogado.

Bril agregó que con esta resolución se creó una Comisión de Garantías Financiera: "El propio artículo 22 te da lugar a que presentes un seguro o un fondo de recomposición. La resolución avanzó un poco más y habla del autoseguro (que está sujeto a reglamentación). En ese sentido, serían contadas las empresas que podrían autoasegurarse. En cambio, el Fondo de Recomposición Ambiental, que es privado y que lo realizan las mismas empresas (ya sean grandes o pymes), no traslada el riesgo a una compañía de seguros. El riesgo se lo queda la empresa misma. Sobre una base de análisis de riesgo, las empresas pueden presentar su propio fondo, constituido por sus propios recursos. Pueden hacer un pool de empresas por afinidad de riesgo, de ubicación, por grupos económicos, con sus propios asesores. Pueden hacerlo por esquemas de fideicomiso. Mediante un fideicomiso, que es una herramienta ideal para este caso, trasladamos los fondos a un lugar que queda afectado a, en este caso, un daño ambiental", detalló la abogada.

Argañaraz Luque retomó la palabra: "Lo importante es tener en cuenta que el sector asegurador trata de buscar distintas herramientas. El seguro debe ser una herramienta más para lograr este fondo de compensación. El problema es que estas resoluciones hablan de un autoseguro y el razonamiento lógico que hacen las empresas es: ‘me obligan a tener un seguro que no va a existir (porque es probable que no exista en el mercado una póliza que cumpla con los recaudos de la ley), entonces vamos a la obligatoriedad de un autoseguro’. Ese es el inconveniente que ya se ha discutido. ¿Qué pasa con una pyme que no puede disponer fondos para la constitución de esta garantía?", se pregunta.

¿Qué habría que cambiar para que el seguro pueda cubrir parte de este riesgo? Según Argañaraz Luque, hay muchas opciones: "Hay grupos de empresas que consideran que se debe cambiar la Ley General del Ambiente. Si nos concentramos en el artículo 22 de la ley y en esta resolución, creo que va a haber que trabajar mucho con el mercado asegurador y con especialistas en cuestiones financieras para ver cómo se pueden instrumentar estas herramientas para que sean viables. El fondo de garantías me parece una alternativa interesante, pero para algunas empresas, porque por más que sea un fideicomiso, vos tenés que aportar. El problema son las pymes. Las empresas grandes ya tienen una previsión respecto de las cuestiones ambientales. En la pequeña y mediana empresa se va a tener que pensar para la estructuración adecuada de todo esto. Por otra parte, la ley ahora no lo permite, pero el seguro off shore sería una de las opciones. Otra es, como ya se ha hablado, de la modificación del articulo 22, como para hacerlo más flexible", enumeró el abogado.

La nueva reglamentación dio 90 días para que se puedan armar las bases de esta póliza. El mercado de seguros está convocado a través del Ministerio de Economía para participar. Pool Económico volverá sobre el tema cuando se haya avanzado un poco más.