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MEGACAUSA POR VACIAMIENTO DE ASEGURADORAS
"En los 90, las aseguradoras se presentaban en liquidación cuando comenzaban a tener dificultades financieras y transferían su cartera de clientes a otra nueva empresa", recordó el abogado Pablo Jacoby.
1 de enero de 2007
Desde abril del año pasado la justicia federal tiene en sus manos una megacausa que investiga a aseguradores y funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación por presunto vaciamiento de aseguradoras para no pagar siniestros. En el marco de esta causa, la semana pasada el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva a:
* El ex superintendente de Seguros durante la gestión de De la Rúa, Ignacio Warnes.
* El ex gerente de control de ese organismo, Carlos Gallo.
* Los hermanos Carlos Miguel Fucito y Eduardo Ernesto Fucito, dueños de la liquidada aseguradora Omega.
A los hermanos Fucito los procesó por coautores de la administración fraudulenta (por el delito de falsificación de balances con plazos fijos alquilados) y los embargó por 2 millones de pesos. A Warnes y a Gallo los procesó por "partícipes necesarios" de esa administración fraudulenta, y les embargó bienes por un millón de pesos.
En tanto, el resto de la familia Fucito; Mario Cirigliano, accionista de Lua La Porteña, y Carlos Lluch, su apoderado, fueron beneficiados con "falta de mérito". También Teresa Valle, gerenta de asuntos legales de la Superintendencia de Seguros.
En esta megacausa –que está instruyendo la fiscalía de Miguel Angel Osorio- fundamentalmente están bajo la mira: Omega y Lua La Porteña. Se está investigando el pase de activos y cartera de clientes de Omega Cooperativa a Omega S.A. y la actuación en esta operatoria del broker Brandsen presuntamente vinculado a Carlos Fucito.
El expediente menciona los movimientos de activos y pasivos de La Uruguaya Argentina, su cambio de nombre por LUA SA, La Uruguayo Argentina SA y LUA La Porteña.
En la megacausa se acumularon más de 15 denuncias similares y están mencionadas más de 20 aseguradoras. También se investiga la presunta maniobra –con el aval de la Superintendencia de Seguros de la Nación- de la compañía brasileña Sud América que le permitió cambiar su nombre por IAB, transferir el paquete accionario a La Suizo Argentina y luego entrar en autoliquidación.
Para analizar en profundidad la megacausa, Pool Económico convocó a los abogados Pablo Jacoby y Daniel González, abogados de Eva Oroza (uno de los querellantes en la causa), y a Juan Pablo Chevallier Boutell, ex superintendente de Seguros (de abril a diciembre de 2001), quien fue desplazado de su cargo cuando le aplicó medidas cautelares a Lua La Porteña (medidas que luego fueron avaladas por la Cámara de Apelaciones).

¿Por qué se presentan como querellantes en la causa? ¿Cuál es la maniobra que denuncian?

Jacoby: "El motivo central de nuestra presentación judicial es que la familia Oroza, que el abogado González patrocinó en el juicio civil, había ganado un juicio contra Federación Agraria por una suma muy importante de dinero, a raíz de la muerte de su padre. Pero cuando llegó el momento de cobrar, a pesar de que había pagado puntualmente su seguro, se encontró con que la compañía se presentó en liquidación. Por esto, el reclamo se dirigió a Federación Agraria S.A. que también se presentó en concurso, y nadie hacía frente a la sentencia civil a favor de Oroza. González, en su afán de satisfacer el cobro de su cliente, descubre que las compañías de seguros en la década de los 90, cuando comenzaban a tener dificultades financieras (por la alta siniestralidad y los juicios en contra), se presentaban en liquidación y transferían su principal activo (que es su cartera de clientes) a otra nueva empresa transformada, quizá con el mismo nombre pero con forma de Sociedad Anónima (S.A.). Entonces, la vieja empresa iba a liquidación y la nueva se quedaba con el activo, la cartera de clientes. Esto se repitió en muchas empresas mientras los organismos de control del Estado no tomaban medidas. Esto fue lo que motivó que, por el delito de administración fraudulenta, el juez Canicoba Corral procesara a la gente de OMEGA".

Esto es parte de una causa más grande ¿Cuál es esa causa?

González: "La causa OMEGA es un disparador. En OMEGA se analizan dos cuestiones puntuales. Nosotros no somos querellantes en OMEGA, sino en Federación Agraria". Pero veíamos que había una similitud en el punto en que había una cooperativa que a través de la forma de S.A. (gestada por OMEGA). Y se hace un contrato de coseguro con otra compañía que es LUA La Porteña. Y en el ínterin están en el medio los asegurados y en definitiva nadie sabe quién va a pagar la sentencia. A raíz de todo esto se empieza una investigación y en la causa OMEGA se procesa por administración fraudulenta a los hermanos Fucito (pero por un tema de balances y no por la transferencia de cartera), y a Warnes y Gallo como partícipes de esta administración fraudulenta".

¿Qué significa legalmente ‘partícipe necesario’?

González: "El juez entiende que OMEGA tenía balances que no eran correctos (que no demostraban la realidad de la compañía), y la Super no los desaprobó. Repito que no los procesan por transferencia de cartera (de OMEGA Cooperativa a OMEGA S.A. y luego a LUA La Porteña), sino por un tema de balances. Lo puntual es que dice que este contrato de coseguro no se hubiera realizado si el balance de OMEGA hubiera sido real. El juez entiende que los balances no tienen los elementos mínimos que permiten dar certeza de que sean reales. La gente de LUA no podía verificar el pasivo que tenía OMEGA. Hay que decir que la fiscalía apeló la sentencia porque apunta a que todo esto es una mera maniobra".

Vimos varios procesos de autoliquidaciones, previo pasajes de cartera. ¿Qué puede hacer el organismo y qué no hace?

Chevallier Boutell: "Debería controlar más. Lo que pasa es que estas operatorias son transferencias de cartera que se hicieron no digo de manera prohibida por la Ley 20019, sino no acorde a lo que ésta Ley marca como procedimientos (establece mecanismos de publicidad y la aprobación por parte de la Superintendencia), similares a la transferencia de fondos de comercio. En el caso de OMEGA se renovaron las pólizas de los asegurados en la cooperativa en la S.A.. De modo que había cesión de cartera, que yo califico como manual. No está prohibido que, al vencimiento de su póliza, el asegurado la renueve en otra compañía. Lo que sí puede reprocharse acá (y en muchos otros casos) es la falta de transparencia. O sea: debió haberse dicho al universo de asegurados cuáles eran realmente las intenciones de las compañías de seguros para llevar adelante esta operatorio, que, vuelvo a repetir, no era ilegal. Lo que pasa es que en el marco en que se hizo y por los resultados, pareciera que hubo otra intención".

Como superintendente cerraste varias compañías por insolvencia, pero en un momento suspendiste la emisión de LUA y te obligaron a renunciar. Nunca hablaste de esto en público. ¿Qué pasó?

Chevallier Boutell: "Había discrepancias. Las leyes son así: susceptibles de ser interpretadas. Y se interpretó que la aplicación de la Ley que yo hacía era extremadamente estricta. Yo consideraba que la Ley me imponía la obligación de tomar estas medidas. Otros consideraban que era facultativo y ahí vino la discusión. Terminó con una serie de propuestas de los accionistas de LUA, a mi juicio inviables, para reflotar una compañía que ya estaba en una situación de insolvencia manifiesta. Al punto, y lo digo, que se me manifestó que el balance no se presentaba por la situación deficitaria que tenía. Iban a eximir de ese balance y me obligaban a tomar las medias más rigurosas. El plan era inviable e inaceptable, por eso tomé las medidas".