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LAVADO DE DINERO
María Fraguas, abogada de AVIRA, dijo que para detectar operaciones vinculadas al lavado, "en el caso de seguros patrimoniales, hay que verificar la existencia del bien".
1 de enero de 2007
Según cálculos del FMI, el lavado de dinero representa en el mundo entre 500 y 650 mil millones de dólares al año. Nada más ni nada menos que el 2 por ciento del PBI mundial. Todo el sistema financiero, fundamentalmente los bancos pero también las aseguradoras y sus corredores, son utilizadas para el blanqueo de dinero. En 2000, la Argentina se sumó al listado de países que cuentan con legislación específica para la prevención del lavado de dinero, con la sanción de la ley 25.246 que crea la UIF, la Unidad de Información Financiera, para vigilar las operaciones de lavado de dinero del país.
En los últimos 10 días, hubo dos noticias importantes sobre el tema: una fue que la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto para levantar el secreto bancario y bursátil, un herramienta que la UIF venía pidiendo para poder trabajar, y la otra es que salió una normativa de la UIF que preacepta el requerimiento que tenían la intendencia o las aseguradoras, en cuanto a la norma de obligación a informar. Para hablar sobre el tema, Pool Económico convocó a Alicia López, titular de la UIF, Unidad de Información Financiera, organismo autárquico que depende del Ministerio de Justicia, encargado de vigilar las operaciones de lavado de dinero en el país; y a la doctora María Fraguas, abogada de AVIRA.
"Entendemos que es muy importante el avance en cuanto al secreto bancario y bursátil. Nosotros pedíamos el levantamiento que comprenda el secreto fiscal, cosa que no ocurrió. Lo pedíamos por los problemas que hemos tenido con la imposición de secretos del órgano fiscalizador, la AFIP. Si el espíritu de todo esto es que la AFIP ponga secreto para defender al contribuyente, ya le digo que no vamos por buen camino. Estamos hablando del secreto fiscal, no bancario. El secreto bancario no está en juego porque el sector privado, que es el que va a tener que levantar el secreto bancario, no se ocupó de ir a la Cámara de Diputados. El que se preocupó fue el Estado contra el Estado. Es decir, la AFIP contra UIF", introdujo López.
El mercado asegurador pide claridad para poder adecuar la normativa a su labor y así poder informar operaciones sospechosas: "desde que salió la norma hay mucha voluntad de las compañías aseguradoras de acompañar el proceso de combatir el lavado de dinero, pero vimos que la norma que salió en el 2002 tenia algunos inconvenientes. Sobre todo en recaudar información de los clientes. Había un nivel de información demasiado amplio, porque estaba centrado en el concepto de suma asegurada. Pero ahora en las operaciones que se constituyen como sospechosas, ya no importa el monto. Sabemos que hay operaciones que tienen entidad para constituir una operación de lavado y otras que no, y que hay productos más propicios al lavado que otros. Ahora se hace foco en productos de vida con ahorro o de retiro, productos que tienen un componente financiero más alto, con mayor ingreso de primas y con posibilidades de rescates importantes. Por supuesto, en patrimoniales hay algunas posibilidades de lavado, pero en general esta más atado al concepto de fraude", puntualizó Fraguas.
Para dar más herramientas, Fraguas proporcionó un detalle a tener en cuenta para decidir si una operación debe o no informarse a la UIF: "básicamente tener en cuenta cuán habitual es la operación. Por ejemplo, si nos encontramos con un producto que tiene un componente de ahorro importante, hay una persona que hace un aporte importante de primas y al día siguiente hace un rescate, debemos preguntarnos si eso es habitual e informar a la UIF. En el caso de patrimoniales hay que verificar la existencia del bien, porque posiblemente pueda haber una situación de lavado", dijo Fraguas.
López, por su parte, explicó que los denunciantes tiene que dar su nombre: "hay un formulado modelo de reporte, donde se especifica todo. La multa por omisión, en caso de reconocer una situación sospechosa y no informarla, es de uno a diez veces el monto de la operación. Pero esta sanción tiene su razón de ser si realmente no se ha hecho nada", concluyó López.