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SEGUROS DE RETIRO
La asesora María Eugenia De Piero dijo que "con las nuevas resoluciones de la AFIP, las retenciones de Ganancias equivaldrán a 220 veces el impuesto que debería liquidar el contribuyente"
1 de enero de 2007
La AFIP sacó el 23 de noviembre las resoluciones 1775 y 1776. Esta última incorpora a los beneficiarios de seguros de retiro en las normas de retención de Impuesto a las Ganancias. A simple vista, un golpe a para la gente, para las aseguradoras y para el futuro del negocio.
Para analizar el impacto de estas resoluciones, estuvieron en Pool Económico María Eugenia De Piero, del Estudio De Piero, asesora de compañías de seguros de retiro, y el abogado tributarista Félix Adolfo Lamas hijo.
"Las compañías de seguros de retiro ya habían sido designadas en su momento como agentes de retención del impuesto, pero hasta la fecha no se había reglamentado el cómo. Las resoluciones hacen esta reglamentación y lamentablemente lo hacen mal. La 1775 deja de identificar a la renta vitalicia previsional como una jubilación o pensión, y así, al momento de retener el impuesto a las ganancias, las compañías de seguros de retiro, en vez de aplicar la deducción del $18 mil, que es la que está prevista hoy para jubilaciones y pensiones, va a aplicar una de $6 mil. Esto quiere decir que va a retener un impuesto mayor a lo que corresponde de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hay un error en esa reglamentación", introdujo De Piero.
Pero lo que más preocupa es el régimen previsto para la resolución 1776, en el que básicamente se prevé una retención del 3 por ciento para los sujetos inscriptos y del 28 por ciento para los sujetos no inscriptos: "estamos hablando de todos los empleados en relación de dependencia –continuó De Piero-. Aclaremos que son no inscriptos porque el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé la no obligatoriedad para ellos de inscribirse en el impuesto a las ganancias. Pero acá el problema no radica en las alícuotas sino en el importe sobre el cual se aplicarán estas alícuotas. Porque se fuera sobre la ganancia impositiva definida en el artículo 102 de la Ley de Ganancias, no habría mayor inconveniente. Nosotros decimos que esta resolución va más allá de la letra de la Ley de Ganancias porque desconoce por completo la ganancia impositiva", explicó la especialista.
Por su parte, Lamas aseguró que esta resolución es "claramente inconstitucional" y explicó por qué: "lo que se hace es incorporar al sistema de la Ley de Impuesto a las Ganancias nuevos conceptos sujetos a retención. Una retención es un pago a cuenta. Por lo tanto si la legitimidad del impuesto está dada por el hecho imponible expresado en la capacidad contributiva, y porque hay una ley anterior que establece y determina el impuesto, entonces el pago a cuenta debe guardar una proporción con esa ley que le da nacimiento. Ahora, si yo con las retenciones tengo necesaria y sistemáticamente una superación de la medida, que en el caso de los responsables no inscriptos llega a 200 veces la medida del impuesto, estoy creando un nuevo impuesto, autónomo. Lo malo es que es la Administración la que lo está creando, no la ley. Esto no pasó por el congreso, como correspondería. Así que acá están en juego los principios de legalidad tributaria y de capacidad tributaria, que son los pilares del derecho tributario", advirtió Lamas.
En acuerdo con el abogado, De Piero habló sobre las evaluaciones de casos de inscriptos y no inscriptos que se han hecho a partir de estas resoluciones para medir el impacto: "en algunos casos de no inscriptos vimos que la retención equivale a 220 veces el impuesto que debería ingresar o liquidar el contribuyente. Y en algunos casos de inscriptos, la retención equivale hasta 12 y 20 veces el impuesto que debería ingresar el contribuyente. Es fragantemente inconstitucional", sentenció.
Por otra parte, De Piero aseguró que este régimen retentivo "viene a eliminar la rentabilidad del producto y a quitarle parte de su capital ahorrado al contribuyente". Dijo que los sujetos no inscriptos van a buscar inscribirse para que no se le haga la retención: "los no inscriptos legalmente no tiene porqué estar inscripto. No hay infracción, y sin embargo se busca atrapar, entre comillas, al no inscripto", señalo.
Para puntualizar algunos de los efectos, De Piero dijo que esta resolución no sólo no respeta el principio de capacidad contributiva, sino que además viola el principio de economicidad: "el sujeto no inscripto se va a inscribir para que no se le haga la retención de la alícuota del 28 por ciento. Posiblemente, cuando llegue a su declaración jurada no tenga que pagar impuesto, o lo que tenga que pagar sea ínfimo. Entonces, se va a generar automáticamente un saldo a favor producto de la retención efectuada en exceso respecto del impuesto determinado. Ese saldo a favor lo podría recuperar contra otros impuestos nacionales (IVA o bienes personales, por ejemplo), pero puede pasar que no tenga otros impuestos contra qué compensar su saldo a favor. También puede recuperarlo con el tiempo: en un lapso de varios períodos fiscales. En consecuencia, esta retención que genera un saldo a favor, le va a generar al contribuyente un perjuicio no sólo financiero, sino económico", aseguró De Piero.
Una vez planteado el problema, Lamas dijo que el gran inconveniente "para hacer algo al respecto" es que se trata de un resolución general reglamentaria: "uno puede impugnar una resolución general cuando se aplica al particular, es decir cuando hay una resolución particular que aplica la a resolución general. Las aseguradoras de retiro tienen que buscar la forma de mostrar el desmedro de sus derechos que significa esto. Por otra parte, la AFIP no tiene un procedimiento determinado para la impugnación de resoluciones generales. Lo qué pueden hacer las aseguradoras, como primer paso, es intentar un reclamo general administrativo y ver que la AFIP sea la que cambie la resolución. Esa sería la única vía", puntualizó.
De Piero advirtió que esta normativa estará vigente a partir del 1º de enero de 2005: "estamos trabajando en una presentación informal para que la AFIP recapacite y vea el error en el que ha incurrido". Por último, Lamas agregó que existe la posibilidad de que la AFIP de marcha atrás con este impuesto: "cuando ya todo esté avanzado, cuado se implemente el régimen e incluso cuando esto llegue a la justicia, ahí creo que es casi obvia una marcha atrás por parte de la AFIP, aunque será tarde porque ya estarán hechos los perjuicios a los contribuyentes y a las compañías. Debe haber una marcha atrás, porque así está en juego el futuro del sistema. Así deja de ser rentable y desaparece el negocio", advirtió