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RIESGOS DEL TRABAJO
"Le pedimos al Gobierno que fije reglas claras y que haya un acuerdo entre los tres poderes para marcar una única línea de trabajo", declaró Mara Bettiol, gerente general de la UART.
1 de enero de 2007
El sistema de Riesgos del Trabajo, creado en 1996, brinda cobertura a 5.000.000 trabajadores pertenecientes a 500 mil empresas.
Según encuestas recientes de la Sociedad de Estudios Laborales, el 80 por ciento de los trabajadores tiene preferencia por el actual régimen de riesgos del trabajo y el 87 por ciento de las empresas usuarias muestran su satisfacción por el servicio prestado por las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Sin embargo, el sistema ha recibido cuestionamientos en el ámbito jurídico y político.
Un laberinto de fallos judiciales y el cuestionamiento a los artículos 39 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, está socavando las bases del sistema.
El artículo 39 ya fue declarado constitucional por la Corte Suprema hace dos años, pero aún así el 53 por ciento de las demandas que involucran a las ART se fundan en cuestionarlo.
La semana pasada la Corte dio un giro preocupante al declarar la inconstitucionalidad del artículo 46 y disponer que para dirimir diferencias los trabajadores pueden tramitar sus reclamos ante la justicia ordinaria y no sólo ante la justicia federal.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo advirtió que esta decisión "podría afectar los principios de previsibilidad, equidad de las reparaciones e inmediatez de las prestaciones, pilares sobre los que se sustenta el sistema".
Para analizar las consecuencias del fallo de la Corte Suprema, estuvo en Pool Económico Mara Bettiol, gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). La primer pregunta fue si con este fallo está en riesgo el sistema: "yo diría que agrega una cuota de incertidumbre. Veremos la magnitud de esta cuota a futuro, dependiendo del desempeño de los juzgados laborales o de si el Ejecutivo o el Legislativo promueven una reforma que finalmente ordene. El tema es que hoy por hoy no es factible conocer las consecuencias reales de este fallo".
Bettiol advirtió que la posible disparidad de sentencias de los juzgados puede ser un problema porque posiblemente traería aparejada la industria del juicio laboral que tanto costó reducir o eliminar: "ese sería el peor escenario", estimó. En este marco es preciso determinar el alcance de estos juzgados laborales y demás aspectos procedimentales. Necesitamos algo que dé certidumbre".
Y certidumbre es lo que desde la cámara le piden al Gobierno: "es necesario algún instrumento que refleje un acuerdo entre los tres poderes del Estado. Que marquen una misma línea de trabajo y cobertura de administración de los riesgos del trabajo. Es decir: ya no hay preferencias sobre dónde está la línea... si más acá o más allá. El tema es que es preciso marcar un camino, y que en ese camino es Estado en su conjunto esté de acuerdo. Pensamos que eso beneficia por un lado a los derechos de los trabajadores en tanto los transforma en ciertos, objetivos y por lo tanto exigibles, como así también a los empleadores porque les asegura costos laborales ciertos y por lo tanto predecibles. Pedimos que de acá en adelante se fijen reglas claras", exigió la gerente general de la UART.
La posibilidad de que la industria del juicio se re-instale en el sistema laboral preocupa, según Bettiol, hasta el ministro de Trabajo: "según lo que dijo Tomada quieren trabajar el tema del empleo de la forma más ordenada posible, porque en el sistema anterior los accidentes de trabajo eliminaron muchas fuertes de trabajo. Sobre todo PyMES porque un juicio de 100 ó 200 mil pesos significaba el cierre de la empresa. No nos olvidemos que hoy la reactivación depende de las PyMES y de la generación de empleo que ellas aportan".
Para concluir, Bettiol advirtió que "no hay que caer en los errores del sistema anterior".