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SEGURO AMBIENTAL
El presidente de CAARA dijo que la nueva normativa apunta a indemnizar
Jorge Furlan señaló que, mientras desde sus orígenes el seguro ambiental obligatorio es una herramienta de gestión ambiental apuntada a que se remedien los daños, el nuevo decreto que modificó y derogó parcialmente sus normas lo está orientando a indemnizar, con independencia de que se repare o no.
2 de octubre de 2012
Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

El presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), Jorge E. Furlan, manifestó que el reciente decreto por el que fueron modificadas y derogadas parcialmente las normas del seguro ambiental obligatorio “apunta a pagar la indemnización” en los siniestros ambientales, mientras que todo lo que se había actuado desde el principio del sistema “apuntaba a remediar” los daños de incidencia colectiva provocados por los siniestros cubiertos.

Furlan expresó que “el principal cambio” operado por el Decreto 1638/2012 publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre “es que lo actuado hasta el momento con toda la normativa respondía a instrumentar un seguro que sirviera como herramienta de gestión para el cuidado del ambiente; era una herramienta de gestión ambiental”, enfatizó, y que “este decreto, como dijo en una entrevista el superintendente, cambia fundamentalmente este concepto y pasa a ser una herramienta de financiamiento de siniestros”.

El directivo se manifestó de tal forma en una entrevista que dio al programa televisivo “100% Seguro”, en la que señaló que en orígenes, el sistema sólo aprobó como instrumento para cumplir con lo exigido por el Art. 22 de la Ley general de Ambiente N° 25675, a la Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que garantiza al Estado la remediación del daño ambiental de incidencia colectiva.

El titular de CAARA comentó que “ahora es importante aguardar y conocer qué articulado se aprueba para cada ramo mencionado en la norma, por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo al que el Decreto le asignó la responsabilidad de dictar las nuevas pólizas”.

Si para la Responsabilidad Ambiental se pretendiera utilizar los articulados de la actual Responsabilidad Civil, no serviría para aplicarlos a las responsabilidades emergentes de los daños ambientales de incidencia colectiva, ya que la Ley 25.675 protege derechos colectivos de bienes colectivos, en tanto que la normativa aplicable a la cobertura de responsabilidad civil se relaciona con los daños individuales de bienes particulares. No obstante si por lo actuado en el Decreto 1638 se dispusiera que una cobertura de RC, pueda reconocerse para cumplir con la exigencia del seguro del artículo 22 de la Ley 25675, la misma no va a funcionar como una garantía a la recomposición y tendría las limitaciones al fondo de la cuestión mencionado anteriormente.

Asimismo Furlan reconoció que CAARA no fue consultada ni preveía el dictado del mencionado decreto- “En la Cámara no tuvimos ningún aviso previo de que iba a salir este decreto. No digo que nos sorprendió –amplió- porque en reiteradas oportunidades hubo propuestas, distintos acercamientos a distintos ámbitos de gobierno, para tratar de buscar alguna otra forma de cubrir la garantía que establece el artículo 22 de la ley 25675” pero “no fuimos consultados y tampoco preveíamos el dictado de esta norma”.

Furlan insistió en que todo lo normado hasta ahora en materia de seguro ambiental “apuntaba a que el seguro actuara o diera certidumbre a que un daño que en su tipo pudiera producir al suelo o al agua fuera realmente reparado” mientras que con las modificaciones introducidas “ahora las aseguradoras vamos a indemnizar, pero el pago será ajeno a que se repare o no se repare”.

Explicó que “por eso en su oportunidad se había establecido realizar una evaluación de la situación ambiental al momento de la vigencia de la póliza; se había comprometido un seguimiento de las aseguradoras del riesgo ambiental; se había establecido que las aseguradoras debían contar con capacidad suficiente para acreditar que podían cumplir con la garantía que prometían”.

En este punto Furlan asumió que esto “generó todo un debate, si remediadores si o remediadores no, pero en esencia apuntaba a garantizar remediar, ahora se apunta a pagar la indemnización”.

En otro orden de cosas comentó que “así como la industria demandó durante mucho tiempo una póliza que tuviera la posibilidad de que el sujeto obligado por la ley a tomar el seguro pudiera transferir su riesgo, y que este instrumento fuera aceptado por los organismos de control para cumplir con el artículo 22 (de la Ley General de Ambiente N° 25675), de aceptarse otro tipo de póliza, aunque no se ajuste al cumplimiento de la obligación pero que se defina como una alternativa, sin duda que (el decreto) ampliará el mercado porque el sector industrial se quedaría sin argumentos para decir ‘no voy a cumplir con la obligación porque no puedo transferir mi riesgo’; ahora van a poder transferirlo”. “Sin duda para la actividad será interesante ver como se amplia lo oferta y lo será también para los productores”, se explayó, aunque previno: “Esto no quiere decir que para los Organismos de Control ambiental vaya a mejorar la propuesta”. Sintetizando el criterio insistió entonces en que “el cambio esta más orientado al cambio de herramienta en la gestión ambiental que a la gestión aseguradora”.

Describiendo el mercado de oferta, Furlan dijo que “hoy tenemos coberturas ambientales en RC y Patrimoniales, realmente con un condicionado y alcances de coberturas muy interesantes pero que operan de manera facultativa, no para el cumplimiento de la ley de ambiente, y con ajustes al derecho de fondo y la Ley de Seguros.